Hay una buena noticia: la nueva Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) ha establecido un marco ambicioso con compromisos para todos los involucrados. Es decir: el gobierno, las empresas, y los reguladores. El siguiente paso, y la gran oportunidad, es fortalecer la transparencia.

En este artículo exploraremos por qué un acceso sencillo a los datos no es solamente un derecho, sino la base para participar, vigilar y, en última instancia, sumarnos colectivamente a este esfuerzo nacional.

Buenas intenciones con información confusa

Desde marzo de 2025, México entró en una nueva etapa de gobernanza energética. La promulgación de la LPTE y sus instrumentos derivados —como el Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética (RLPTE) publicado el pasado 17 de octubre y el reciente Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico— han redefinido el marco normativo que orienta el tránsito hacia fuentes de energía sostenibles libres de gases de efecto invernadero. Pero hay un problema: acceder a los datos.

Estos documentos, junto con otros planes, programas y disposiciones, están disponibles en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En teoría, cualquiera puede consultarlos mediante su motor de búsqueda avanzada, pero no es tarea sencilla. Algo semejante ocurre con el sitio web de la Secretaría de Energía (Sener): buscar ahí estos documentos y los datos de respaldo puede ser una experiencia confusa y frustrante.

La falta de un repositorio claro y actualizado limita para la ciudadanía, la industria, y los gobiernos locales, el acceso oportuno a información pública y estratégica de manera comprensible y verificable.

Un poco de contexto

La LPTE —que reemplazó a la Ley de Transición Energética de 2015— afianzó una visión más centralizada y orientada a garantizar la soberanía y la justicia energéticas. Este nuevo marco legal, por ejemplo, otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel preponderante en toda la cadena de valor del sector eléctrico. En tal sentido, se refuerza la rectoría del Estado, pero ello exige también una mayor responsabilidad en la publicación, actualización y difusión de los instrumentos que guían dicha planeación.

La LPTE establece un conjunto amplio de instrumentos que deberán ser publicados en el corto y mediano plazo. Estos incluyen informes, planes, programas, bases de datos y disposiciones que, según los artículos transitorios de la LPTE y del RLPTE, estarán disponibles este año y a lo largo de 2026. Entre ellos destacan:

También se contemplan disposiciones administrativas para usuarios de alto consumo, criterios para obtener Certificados de Energías Limpias (CELs), informes de fondos energéticos, como el Fondo Universal de Servicio Energético, y convenios de coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Transparencia como pilar de gobernanza

Al revisar con detalle la información disponible públicamente en el SIE, observé rezagos preocupantes en la actualización de la información. De las 306 series de datos que deberían estar accesibles, sólo una de cada cinco (19.22 %) estaban actualizadas a por lo menos uno o dos meses a la fecha actual. Las categorías con mayor avance corresponden a electricidad e hidrocarburos, si bien con datos disponibles a enero o mayo de este año. Un ejemplo de esto es el tablero de hidrocarburos. Antes estaba a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que desapareció en diciembre del año pasado. Los datos más recientes del tablero no han sido actualizados desde enero. Más preocupante es el caso de algunas áreas estratégicas como fuentes limpias, prospectivas del sector, indicadores ambientales y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al menos en este año no presentan ninguna actualización.

Incluso registros fundamentales están recopilados en series totalmente obsoletas. Destaca el balance nacional de combustóleo que no se renueva desde hace veinte años. Otros ejemplos: la demanda interna de gas natural por entidad federativa tuvo en 2014–2015 su última actualización; la generación bruta de energía eléctrica por entidad federativa quedó en el olvido en 2017, y las fichas del programa especial para el aprovechamiento de energías renovables dejaron de reportarse en 2018. Según el artículo sexto transitorio del RLPTE, la actualización del SIE y su interoperabilidad se esperan para el 21 de abril de 2026, que corresponde a 180 días hábiles después de la entrada en vigor del reglamento.

Recientemente, el 13 de octubre, la Secretaría de Energía (Sener) formalizó la instalación del reconfigurado Consejo de Planeación Energética (CPE). De acuerdo con la LPTE, aquí ahora se coordinan organismos sectorizados como la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Litio para México (LitioMx), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Además, se trata de un órgano permanente que tendrá como función principal coordinar y dar seguimiento a la planeación vinculante. Sin embargo, en su página web aún no hay nada publicado sobre esta primera sesión ordinaria.

De hecho, el último informe anual disponible es el correspondiente al Consejo Consultivo anterior, pero también está obsoleto, pues data del 2019. Igualmente, la página de la Sener, en su descripción de funciones sigue remitiendo al ecosistema institucional anterior a las leyes hoy vigentes.

El sector energético necesita información que contribuya a la predictibilidad de los planes de inversión y consumo. La falta de actualización en sus datos limita gravemente la capacidad de análisis prospectivos, dificulta la evaluación de políticas públicas y genera incertidumbre para actores privados que requieren datos confiables para tomar decisiones de inversión, cumplimiento regulatorio o diseño de proyectos. Si bien las disposiciones legales recientes reflejan un compromiso institucional con la transparencia, su consolidación depende de que la data esté disponible de forma clara, oportuna y útil para todos los actores involucrados.

Recomendaciones para tener la información que necesitamos

La ley y el modelo de planeación vinculante establecen una hoja de ruta ambiciosa que debe ir acompañada de una estrategia de divulgación que permita a todos los actores acceder fácilmente a la información, entender y verificar su contenido. Por ello, proponemos tres áreas de oportunidad para robustecer la transparencia en la política energética:

Estas medidas facilitarían el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas para construir  confianza en las instituciones encargadas de liderar la transición energética. La información puede ser el motor que acelere nuestra ruta hacia un futuro