Energía Estratégica tuvo acceso a uno de los borradores que podrían conformar la versión definitiva del esperado Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico en México. El texto, aún en revisión, propone una reconfiguración significativa del rol de la iniciativa privada en la generación, almacenamiento y comercialización de energía, bajo lineamientos que priorizan la prevalencia del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Uno de los puntos más relevantes del documento es la creación del esquema de “Producción a Largo Plazo para Desarrollo Mixto”, que permitiría a inversionistas privados construir, financiar, operar y mantener centrales eléctricas, pero con la condición de vender la energía únicamente a la CFE. Estas centrales no podrán obtener otros permisos ni comercializar con terceros ninguna capacidad excedente, y estarán obligadas a ser representadas en el Mercado Eléctrico Mayorista por la empresa pública.

«Las centrales eléctricas desarrolladas bajo este esquema no pueden ser objeto de otro permiso, contratarse en otra modalidad ni comercializar con terceros cualquier capacidad excedente que pudiera surgir», establece el documento.

El plazo máximo de operación será de 30 años, y los contratos deberán incluir las condiciones para la transferencia de activos a la CFE al finalizar el periodo. Además, se establece que la empresa estatal no aportará capital en el desarrollo de estos proyectos, limitando su participación a la compra de la energía y productos asociados una vez que entren en operación comercial. El contrato deberá garantizar la amortización total de las inversiones privadas.

El borrador también contempla esquemas de inversión mixta entre privados y CFE, siempre que la participación de la empresa pública sea de al menos el 54%. De esta manera, se refuerza el principio de que el Estado mantendrá el control sobre la expansión de la capacidad instalada de generación eléctrica.

Otro punto destacado es la formalización de un marco normativo para el almacenamiento de energía. El documento establece que el CENACE podrá firmar contratos de largo plazo con sistemas de almacenamiento eléctrico, siempre que estos resulten más eficientes que otras soluciones convencionales para mantener la confiabilidad del sistema. Estos sistemas podrán ofrecer servicios como respaldo, regulación, arranque negro y operación no simultánea.

En paralelo, se introduce el llamado “esquema 0,7 MW”, que permite a instalaciones con capacidad igual o menor a 0,7 megavatios operar sin requerir un permiso de generación. Esto apunta a impulsar la generación distribuida y la participación de pequeños actores, aunque sin acceso al mercado mayorista.

Respecto a los Certificados de Energía Limpia (CELs), el documento confirma la continuidad del mecanismo como herramienta de cumplimiento para las empresas obligadas. Sin embargo, no se detallan ajustes al universo de elegibilidad ni al funcionamiento del mercado secundario, lo que genera incertidumbre sobre su impacto en nuevas inversiones de tecnologías limpias.

Se prevé que la versión final del reglamento sea publicada oficialmente cerca del 15 de septiembre de 2025. Su publicación pondría fin a un prolongado período de incertidumbre regulatoria y definiría un nuevo marco operativo en el que el sector privado podrá participar, aunque de forma restringida y bajo supervisión directa del Estado.