El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de México publicó los Lineamientos de Operación del Consejo de Planeación Energética, lo que formaliza un nuevo esquema institucional que busca consolidar la planeación energética como un proceso vinculante, articulado y con visión de largo plazo. Este órgano colegiado no ejercerá funciones regulatorias ni de normalización, pero operará como el espacio clave donde se alinea la política energética nacional y se da seguimiento a su implementación.

Los lineamientos, emitidos por la Secretaría de Energía (SENER), colocan al Consejo como una herramienta técnica y estratégica para ordenar los distintos planes del sector: la Estrategia Nacional de Transición Energética, el Plan para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos, entre otros. Tal como se establece en el documento, el Consejo es responsable de la coordinación y seguimiento de todos estos instrumentos, así como de la mejora continua de la información energética nacional.

“El Consejo de Planeación Energética es el órgano colegiado de carácter permanente que apoya a la Secretaría de Energía en la coordinación y seguimiento de la planeación energética nacional”, señalan los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. A través de esta estructura se busca robustecer la gobernanza en materia energética y dotar de continuidad a las decisiones estratégicas del Estado.

La presidencia del Consejo estará a cargo de la persona titular de la Secretaría de Energía, con derecho a voto de calidad. Lo acompañan como vocales los titulares de las subsecretarías de Planeación y Transición Energética, Electricidad e Hidrocarburos, así como representantes de organismos sectorizados como Pemex, CFE, Cenagas, CENACE, CONUEE, LitioMX y otras entidades clave del ecosistema energético nacional.

En paralelo, se incorpora una Secretaría Técnica, que funcionará como articuladora administrativa, encargada de coordinar la preparación de sesiones, actas, seguimiento de acuerdos, informes anuales y el Programa Anual de Trabajo del Consejo. Esta figura también será responsable de garantizar la trazabilidad institucional del órgano y canalizar la información entre los vocales y los comités técnicos.

“Todas las personas que participan en las actividades del Consejo están obligadas a mantener en estricta confidencialidad cualquier información a la que tengan acceso”, estipula el artículo 7 del documento. Asimismo, se establece que tanto vocales como suplentes tendrán derecho a voz y voto, mientras que los invitados podrán participar únicamente con voz.

En cuanto a su funcionamiento operativo, el Consejo deberá reunirse al menos dos veces al año en sesiones ordinarias, aunque se prevé la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias a solicitud de cualquier vocal titular. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, y en caso de empate, la presidencia ejercerá su voto de calidad. Todas las sesiones quedarán registradas en actas que serán firmadas por los participantes y resguardadas por la Secretaría Técnica.

Una de las novedades más relevantes es la creación de dos comités permanentes: el Comité de Planeación del Sector Energético y el Comité de Información del Sector Energético, ambos diseñados para especializar el análisis técnico y apoyar con diagnósticos, estudios y recomendaciones. Estos comités podrán a su vez establecer grupos de trabajo específicos, integrados por funcionarios con experiencia técnica en las distintas áreas estratégicas del sector.

“El Consejo puede instruir a los organismos sectorizados y empresas públicas para presentar informes periódicos sobre el estado del sector energético, con el fin de integrarlos en el Informe Anual”, detalla el artículo 32 de los lineamientos. Esto permitirá que el Consejo mantenga una visión actualizada del avance de las políticas públicas y metas sectoriales, incluyendo las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Cabe recordar que, de forma paralela, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha impulsado recientemente nuevas reglas para proyectos de generación y almacenamiento, buscando que se ajusten a la evolución del sistema energético mexicano. Tal como informó Energía Estratégica, se establecieron disposiciones que definen con mayor claridad las características técnicas y operativas de las instalaciones, así como su relación con el despacho económico y los esquemas de almacenamiento con baterías. Este tipo de reformas técnicas subraya la necesidad de contar con un órgano como el Consejo, capaz de dar coherencia, seguimiento y evaluación continua a los cambios del sector.

Además, el nuevo marco normativo resalta el principio de planeación vinculante, un enfoque que permite a la Secretaría de Energía coordinar con mayor efectividad a las distintas instituciones y operadores del sistema energético nacional. Lejos de ser un espacio consultivo o declarativo, el Consejo tendrá injerencia directa en el seguimiento de decisiones estratégicas, sin desplazar las funciones de regulación que competen a otros entes como la CRE o la CNE.

La entrada en vigor de estos lineamientos marca un punto de inflexión en la institucionalización de la planeación energética mexicana, que da un paso hacia modelos más coordinados, permanentes y orientados a la transición. Al formalizar este órgano de alto nivel, México se alinea con prácticas internacionales que buscan asegurar la coherencia de largo plazo en la política energética, sobre todo frente a los desafíos que plantea la descarbonización, la seguridad energética y la incorporación masiva de nuevas tecnologías.