Tras varios años de ralentización, el sector renovable en México busca reactivarse en un nuevo escenario político, económico y normativo. Según el especialista en transición energética, Miguel Fernández, esta nueva etapa está siendo impulsada por tres factores clave: las metas climáticas trazadas al 2030, el fenómeno del nearshoring y una transformación normativa profunda que, si bien aún genera incertidumbre, comienza a abrir oportunidades de inversión.

“Estos tres componentes están incentivando y promoviendo cambios en los esquemas de financiamiento”, aseguró Fernández, y apuntó que el compromiso de alcanzar un 45% de generación renovable al 2030 está marcando la agenda pública y privada, mientras el nearshoring intensifica la demanda energética de polos industriales, especialmente en el norte del país.

En este contexto, la reconfiguración de los esquemas de financiamiento se vuelve crucial. El especialista remarcó que los desarrolladores deben ampliar su mirada más allá de las herramientas tradicionales del mercado mexicano, especialmente cuando se trata de proyectos de gran envergadura o con componentes sociales.

“Yo le recomendaría que no se quede únicamente con los esquemas de financiamiento de México”, sugiere el especialista, en referencia a un desarrollador que busca capital para su primer parque renovable. Y aseguró que existen opciones más atractivas en el exterior, como las ofrecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo o entidades del sudeste asiático, que están cada vez más interesadas en financiar proyectos de inversión en América Latina.

Además, las entidades financieras locales también están siendo empujadas a transformarse. A partir del próximo año, los bancos estarán obligados a exigir reportes de sustentabilidad más rigurosos a las empresas cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual impactará directamente en los criterios de análisis de riesgo y elegibilidad para créditos.

En línea con esta tendencia, el especialista señaló que es necesario prestar atención a las nuevas guías de descarbonización para entidades financieras, ya que marcan una hoja de ruta clara para acceder a capital verde, especialmente para proyectos alineados con criterios ESG.

Respecto a la rentabilidad de las inversiones en el ámbito industrial, Fernández aportó un caso concreto para el contexto mexicano, en la región central del país, una instalación fotovoltaica para una industria bajo tarifa GDMTH podría recuperar su inversión en un plazo estimado de cuatro años. No obstante, aclaró que si se incorpora un sistema de almacenamiento con baterías (BESS), el retorno de inversión (ROI) se extiende hasta los seis años aproximadamente. Este plazo representa, según el consultor, un escenario competitivo en el contexto actual.

No obstante, Fernández advierte que la rentabilidad proyectada no depende únicamente del diseño financiero, sino también de las condiciones regulatorias y técnicas del país. En México, el marco normativo ha mostrado una dinámica cambiante que obliga a los desarrolladores a reaccionar con rapidez. Como ejemplo, recuerda que una reciente medida en el Mercado Eléctrico Mayorista dividió el territorio en dos zonas, pero fue derogada apenas dos meses después, afectando la planificación y los análisis de riesgo.

“Todo el mundo estaba corriendo con los análisis financieros, buscando inversionistas, y cuando se vino la derogación fue todo un tema”, manifestó el especialista, quien subrayó que estas fluctuaciones normativas pueden impactar directamente en el acceso a financiamiento y en los plazos de retorno.

Para Fernández, la reactivación del sector renovable en México dependerá en gran medida de contar con un marco regulatorio estable y previsible, capaz de dar certidumbre a los desarrolladores y confianza a los inversionistas.