La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que México avanza hacia un nuevo modelo energético basado en la soberanía, la transición hacia fuentes renovables y la justicia energética, como parte de la transformación impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su columna “México: compromiso histórico con las energías renovables”, publicada este 7 de septiembre en El Financiero, González Escobar explicó que el Gobierno de México trabaja en una estrategia de largo plazo para incrementar la generación de electricidad limpia, fortalecer a las empresas del Estado y aprovechar los recursos nacionales como motores de desarrollo.

La Titular de la Secretaría de Energía señaló que la soberanía energética constituye uno de los ejes de la política del Gobierno de México, al tiempo que la transición hacia energías renovables representa una oportunidad para reducir la vulnerabilidad del país ante la volatilidad energética internacional y generar empleos, inversión e infraestructura.

González Escobar recordó que el pasado 24 de junio fue presentado el Plan de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, que contempla compromisos concretos rumbo a 2030.

Entre las principales metas se encuentra incrementar en 32 mil megawatts la capacidad de generación eléctrica, de los cuales 22 mil MW, equivalentes al 70 por ciento, provendrán de fuentes renovables. Con ello, se busca que al final del periodo cerca del 38 por ciento de la energía inyectada a la red sea renovable.

La Secretaria explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollará centrales fotovoltaicas y eólicas, además de continuar con la modernización y repotenciación de plantas hidroeléctricas.

También destacó la asignación de 55 proyectos de generación, que en conjunto representan 10 mil 883 MW de capacidad y 3 mil 640 MW de almacenamiento, con esquemas de inversión pública y mixta en los que la CFE mantiene la propiedad de los activos.

A ello se sumarán otros 9 mil 050 MW que serán asignados antes de concluir 2026, lo que permitirá que durante el próximo año se encuentren cerca de 100 centrales en construcción.

González Escobar subrayó que la transición energética requiere además fortalecer toda la cadena del sector, desde la generación y almacenamiento hasta la transmisión, distribución y financiamiento. En ese sentido, destacó que la simplificación y digitalización de trámites permitió reducir de 18 a seis meses el tiempo requerido para permisos y contratos de interconexión, además de eliminar 23 requisitos administrativos.

En materia de infraestructura eléctrica, señaló que ya fueron concluidos 34 proyectos de transmisión, mientras que otros 60 se encuentran en ejecución. En distribución, se construyen 33 nuevas subestaciones, 61 ampliaciones y 2 mil 304 proyectos de modernización de redes.

La secretaria también resaltó la inversión de 739 mil millones de pesos prevista para el desarrollo energético mediante inversión pública y mixta, manteniendo para el Estado la propiedad de los activos y sin cederlos ni concesionarlos.

De acuerdo con González Escobar, esta política busca revertir la pérdida de participación pública que se registró en décadas anteriores. Señaló que entre 2000 y 2023 la participación pública en la generación eléctrica pasó de 99 a 43 por ciento, mientras que la administración de Sheinbaum plantea que el Estado suministre 61 por ciento de la generación eléctrica para 2030.

La transición energética, agregó, también debe traducirse en beneficios directos para la población. En los primeros dos años de gobierno se realizaron 20 mil 377 obras de electrificación, con una inversión de 12 mil 830 millones de pesos que benefició a más de 600 mil personas.

Asimismo, mediante el programa Techos Solares, se instalaron 5 mil 168 sistemas fotovoltaicos, en beneficio de más de 16 mil personas y con ahorros estimados en 38 millones de pesos.

La secretaria de Energía sostuvo que soberanía, transición y justicia energética forman parte de una misma estrategia para convertir las energías limpias en una palanca de desarrollo nacional, con inversión pública, propiedad pública y una visión de largo plazo.