Sonrían a la cámara: en México por fin se aprobaron varias leyes que contienen la definición de “Justicia Energética”, no sólo como objetivo de política pública, sino como uno de los estelares. Ya tomada la foto, con deslumbrantes sonrisas “Colgate” de sus promotoras, ahora el dolor de muelas no sólo será su implementación, sino su medición para corroborar que México se encamina a ser energéticamente justo –o menos injusto.

Y la justicia, ¿cómo se mide?

Cuando estudiaba en la Escuela Libre de Derecho, entré a un examen oral de la materia “Introducción al Pensamiento Jurídico” (o algo por el estilo), en el que se me hizo la pregunta “¿Qué es la Justicia?”. En esa ocasión, por ventura, viví un momento de disociación entre lo que quería responder y lo que respondí.

Lo que respondí: “Justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo”, Ulpiano dixit. Lo que quería responder: “Favor de no hacerme preguntas tan bobas por complejas”.

Así que, por el hechizo de la disociación salí con mi boletita con “tres superiores”, es decir, hice un examen de diez por regurgitar un adagio simplón y que no suma.

Aplicada esta definición a la energía, un reparto “justo” de la misma equivaldría a que “cada quién reciba los energéticos que necesitan para vivir con dignidad, libertad y en pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos”.

¿Impactos positivos, negativos o todo lo contrario?

Pero la justicia energética también implica que los impactos positivos de los megaproyectos superen los negativos. Para llevar a cabo una medición “justa” de impactos positivos y negativos, primero habría que determinar qué favorece y qué afecta a un individuo, a un grupo de ellos, o a una “comunidad”. Habrá personas que afirmen que tan sólo el recibir una contraprestación por el uso de su terreno ya es un impacto positivo, incluso muy positivo, si es una persona (o familia) que no tiene nada más que un terreno, un jacalito y una que otra gallina. Otros propietarios, sin embargo, podrían albergar otros valores. Hay quienes el derribo de un solo árbol les parece intolerable, aun cuando la empresa ofrezca sembrar otros mil. Lo mismo con la desviación del cauce de un río, especialmente si forma parte de su cotidianidad. En suma, cuantificar y medir impactos positivos y/o negativos es tremendamente complejo.

¿Y las brechas de género en el uso de la energía?

La definición de Justicia Energética en la nueva legislación mexicana incluye, entre sus fines, el cierre de las brechas de género en el uso de la energía, o algo así. Ojalá el reglamento esclarezca qué es una brecha de género en el uso de la energía, cómo se cierra y cómo es posible corroborar el avance en el cumplimiento de este objetivo. Una brecha de género podría consistir en el uso de energéticos contaminantes y nocivos para la salud de las mujeres en el hogar. Digamos que esta es la brecha de “cajón” y sobre ella hay datos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), la cual podría ser útil para determinar qué energéticos se usan en casa.

Empero, es más factible que los datos desaparezcan antes del uso de la leña u otros energéticos tóxicos, como el estiércol. ¡Sí! Leyeron bien. En algunos hogares se cocina con estiércol. ¡No shit!

Dicen que lo que se puede medir se puede mejorar. No estoy segura de que la justicia energética sea de fácil o incluso posible medición. Cuando los programas y planes de ésta se pongan en marcha, SENER mediante, habrá que buscar los números, indicadores y estadísticas. Si los hallamos y cuadran, tendremos cuentas claras. De lo contrario, la Justicia Energética habrá sido un cuento chino.

* Miriam Grunstein Dickter es Abogada y experta en energía. Grunstein es Académica Afiliada del Mexico Center de James Baker III de Rice University, donde desarrolla trabajos de investigación sobre energías renovables, transición energética, desarrollo de nuevas tecnologías, sustentabilidad y compromisos internacionales para la reducción de emisiones y combate al cambio climático. Experta México, ¿cómo vamos?