
El limbo político de Honduras congela al sector energético: ¿Qué pasará con la licitación de 1500 MW?
Según fuentes cercanas a Energía Estratégica, el escrutinio y cómputo de actas de las elecciones generales en Honduras ha concluido, con una ventaja de aproximadamente 40 mil votos a favor de Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional, sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Sin embargo, el proceso aún no ha finalizado oficialmente. El Partido Liberal ha solicitado la revisión de 19 mil actas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se encuentra en pleno desarrollo esta semana. La declaratoria oficial del nuevo presidente deberá emitirse, por ley, a más tardar el 30 de diciembre.
La falta de una definición institucional clara preocupa especialmente al sector energético, que observa cómo la incertidumbre impacta directamente en la continuidad técnica, la atracción de capital y la ejecución de proyectos estratégicos.
Desde el ecosistema de las energías renovables se sostiene que Honduras tiene una oportunidad real de construir un sistema eléctrico moderno, competitivo y sostenible. No obstante, advierten que para convertir ese potencial en resultados concretos, es indispensable reducir la incertidumbre institucional, hoy centrada en la falta de definiciones sobre quiénes conducirán las entidades clave del sector.
Se trata de instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Energía (SEN), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el Consejo Nacional de Energía (CND), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), todas fundamentales para garantizar continuidad técnica, seguridad jurídica y estabilidad financiera en el sistema eléctrico.
La designación oportuna de autoridades técnicas no es un tema político menor, sino una condición para recuperar la confianza de los inversores, asegurar el cumplimiento de pagos y facilitar la implementación de proyectos de largo plazo, especialmente aquellos vinculados a renovables.
La situación es crítica también porque no se han definido los equipos técnicos que acompañarán al sistema eléctrico. Las fuentes consultadas remarcan que apenas se proclame un ganador, es urgente que los equipos designados comiencen a informarse a fondo sobre la situación real del sistema, para poder avanzar rápidamente en medidas prioritarias.
Una de ellas es la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, señalada como un problema estructural que pone en jaque la liquidez de la ENEE. Sin resolver este punto, cualquier plan de expansión o mejora del servicio, incluyendo la incorporación de nuevas fuentes renovables, se verá limitado.
También se destaca que el Congreso Nacional debe acompañar con una agenda legislativa clara, orientada a ofrecer certezas regulatorias y promover inversión privada responsable.
En ese marco, la licitación de 1.500 MW de nueva capacidad de generación estaba prevista para adjudicarse en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, la indefinición institucional actual pone en riesgo ese calendario, ya que sin autoridades designadas en el Ejecutivo, el Congreso y los entes técnicos, no es posible avanzar con garantías en la evaluación, negociación y aprobación de contratos a largo plazo.
Un clima político frágil
El escenario electoral fue calificado por medios y observadores como una de las contiendas más ajustadas y tensas en la historia reciente del país. Al cierre de la jornada electoral, el CNE suspendió el conteo de actas con un empate técnico, lo que provocó desconfianza social, amplificada por fallas en los sistemas biométricos y de transmisión de datos, y acusaciones públicas de fraude entre consejeros del propio CNE.
En este contexto, Salvador Nasralla —quien ha denunciado irregularidades en elecciones anteriores— pide ahora un recuento manual de voto por voto, mientras sectores del actual Gobierno proponen anular el proceso y mantenerse en funciones, a pesar de haber obtenido apenas el 19 % del voto.
El riesgo de ingobernabilidad institucional es alto, y su impacto en el sector eléctrico puede ser inmediato: sin autoridades definidas, no puede avanzarse en licitaciones, pagos, diagnósticos ni planificación técnica.
FUENTE: ENERGIA ESTRATEGICA