
México lanza nueva regulación para baterías: manifestación de impacto social obligatoria y exigencia según MWh
México redefine el marco de implementación para los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (BESS) con la publicación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE 2026)
A partir de este nuevo instrumento normativo, el almacenamiento queda expresamente reconocido como actividad sujeta a Manifestación de Impacto Social (MIS), eliminando cualquier interpretación previa que pudiera considerar a las baterías como infraestructura secundaria.
La norma introduce un elemento central: la clasificación de proyectos según capacidad en MWh bajo los Formatos A, B y C. Aquellos sistemas superiores a 250 MWh quedan sujetos al nivel máximo de exigencia regulatoria, equiparándose en carga social y documental con centrales de generación de gran escala. Este punto modifica de manera directa la planificación de proyectos utility-scale.
La autorización definitiva de impacto social se convierte en condición previa para iniciar infraestructura. En un mercado donde el almacenamiento es estratégico por su capacidad de desplegarse con rapidez para resolver congestión o fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la variable social pasa a incidir en los cronogramas técnicos y financieros.
Además, la regulación formaliza la obligación de presentar un Plan de Gestión Social con estimación anual de inversión, beneficios sociales compartidos e indicadores de seguimiento verificables. Este requisito introduce una dimensión estructural dentro del modelo económico del proyecto, afectando tanto el CAPEX como el OPEX. El componente social deja de ser accesorio y se integra en la arquitectura financiera desde la fase de ingeniería.
La selección del sitio adquiere también una nueva complejidad. En territorios con presencia indígena o comunidades afromexicanas puede activarse la Consulta Previa, con posibilidad de condicionantes o escenarios de negativa. Esto transforma la localización del proyecto en una decisión estratégica de gobernanza territorial y gestión de riesgo regulatorio.
A ello se suman causales explícitas de suspensión y revocación ante incumplimientos. En el caso de BESS estratégicos para estabilidad de frecuencia o respaldo de red, una interrupción podría tener implicaciones sistémicas, elevando la sensibilidad operativa del almacenamiento dentro de la matriz eléctrica.
Este anuncio ocurre en un contexto de expansión del sector. En el país se han adjudicado 1.2 GW en sistemas de baterías asociados a 3.3 GW renovables, consolidando al almacenamiento como infraestructura clave para la integración de generación variable. En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad anunció un plan cercano a 29.000 millones de dólares, que contempla más de 1.500 MW entre renovables y almacenamiento, reforzando el rol estratégico del storage en la confiabilidad del sistema.
Cabe recordar que, con la publicación del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PLADESE) 2025-2039, el Gobierno establece una hoja de ruta que prevé la incorporación de 24.954 MW de nueva capacidad limpia hacia el final de la década. De ese total, 19.954 MW corresponderán a generación renovable y 5000 MW a sistemas de almacenamiento de energía (SAE).
A nivel económico, referentes del sector señalan que el costo nivelado del almacenamiento (LCOE) en México ronda los 120 dólares por MWh, dependiendo de la duración, configuración y servicios que preste el sistema. Esta referencia de costos refuerza la necesidad de contar con mecanismos de ingresos estables y reglas de mercado armonizadas que permitan capturar el valor completo de los servicios que un BESS puede aportar al sistema eléctrico, desde respaldo y potencia hasta servicios conexos.
En este escenario, la MISSE 2026 redefine las condiciones de desarrollo del almacenamiento en México. La viabilidad de los proyectos ya no dependerá únicamente de su eficiencia tecnológica o competitividad económica, sino de su capacidad para integrar gobernanza social, estructuración financiera y cumplimiento regulatorio desde la etapa de diseño.
FUENTE: ENERGIA ESTRATEGICA