Si bien los aranceles recíprocos del 30% que Estados Unidos planeaba aplicar a México debían entrar en vigor el 1 de agosto, la medida ha sido pospuesta por 90 días tras una reunión de último momento entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La política aduanera, que contemplaba un arancel del 30% a productos mexicanos y aumentos adicionales del 50% en insumos clave como cobre, silicio, acero y aluminio, había generado fuerte preocupación en la industria fotovoltaica, la cual ya enfrenta desafíos estructurales y una creciente pérdida de competitividad frente a fabricantes asiáticos. “Las tarifas globales de Estados Unidos a México afectarán mucho a la fabricación de paneles solares aquí”, manifestó Elié Villeda, especialista en energías renovables, en diálogo con Energía Estratégica.

En este contexto, Villeda señaló que empresas como Maxeon ya han cerrado plantas en México y trasladado su producción a Estados Unidos. “Antes fabricaban 1.2 GW en Mexicali y terminaron mudando su operación”, apuntó Villeda.

Actualmente la industria mexicana de fotovoltaica solo realiza el ensamblaje de celdas y tiene una capacidad de 600 MW, orientada principalmente a exportaciones residenciales.   “En México se puede conseguir un panel por entre 10 y 15 centavos de dólar el vatio, pero sin protección arancelaria, la industria nacional no puede competir con el dumping chino”.

A pesar de que en teoría existen aranceles a productos chinos, en la práctica, afirmó el experto, “los esquivan y no se pagan los aranceles que debería pagarse”. Esto permite la entrada de módulos provenientes del sudeste asiático e India a precios muy bajos, dejando a la industria local en situación de ensamblaje superficial.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos complica a la industria mexicana. La administración Trump, y con ella los organismos regulatorios, ha intensificado las investigaciones AD/CVD (Anti-Dumping and Countervailing Duties), con aranceles que han llegado al 40% y aumentan cada año.

“Estados Unidos golpea a China, pero luego detecta circumvention desde países como México”, explicó Villeda. Esta práctica implica que productos fabricados en China se ensamblan en terceros países para evadir aranceles.

Por otro lado, Estados Unidos refuerza otras exigencias, como la trazabilidad de origen y la verificación del trabajo forzado. Villeda mencionó que Maxeon perdió más de un gigavatio en frontera por no poder probar que sus paneles no involucraban trabajo forzado. “La regulación se va a hacer aún más fuerte para tapar el dumping chino”, enfatizó.

En este marco, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) no está ofreciendo la protección esperada. Villeda señaló que el T-MEC terminó favoreciendo más a las empresas chinas que a las norteamericanas. “Las compañías chinas se metieron en la cadena de suministro de México y usan el país como puente para entrar a Estados Unidos”, indicó.

La situación global se suma a la desconfianza jurídica y parálisis en la inversión nacional. “Muchos proyectos no se concretan. A veces dan permisos, pero no se llega a construir. Hay demasiada reglamentación faltante”, enfatizó el especialista, a la par que advirtió ni siquiera los permisos otorgados recientemente a proyectos como el de ELECNOR garantizan viabilidad real, debido a la falta de normativas secundarias claras, el código de red y la regulación del Aviso de Impacto Social (AVIS).

Mientras tanto, el crecimiento de la generación distribuida sigue siendo el único segmento que muestra dinamismo. “La fotovoltaica en México va a seguir creciendo, pero sostenida por la generación distribuida”, afirmó.

Según Villeda, podrían verse incrementos de instalaciones entre 7 kW y 20 MW, siempre que la reglamentación lo permita, aunque la falta de certidumbre jurídica sigue siendo un freno incluso para este sector.

Otro problema estructural es la ausencia de contratos a largo plazo, dado que «no se están firmando PPAs privados en México» pero sí pequeños acuerdos de generación distribuida, pero los grandes compradores industriales no están firmando contratos por la incertidumbre que existe”, advirtió.

Frente a este escenario, Villeda es categórico: “Hoy el panorama eléctrico en México no es prometedor. Hay incertidumbre, reglas que cambian, y si no podés vender la energía, ningún inversionista va a firmar un PPA”. Incluso la opción de trabajar con CFE genera dudas. “Hay un riesgo latente incluso con participación estatal”, enfatizó.

La industria observa con preocupación los movimientos de grandes actores como Iberdrola, que estaría evaluando nuevas salidas del mercado tras la venta de plantas a CFE. “Fue el participante más grande del país, y si se va, es porque el mercado ya pasó de amarillo a rojo”, concluyó Villeda.

Con este contexto, México enfrenta una encrucijada estratégica: o fortalece su marco jurídico y protege su cadena de valor, o verá desvanecerse las oportunidades para consolidar una industria fotovoltaica propia.